Debo reconocer cuanto me cuesta opinar sobre un artículo del Dr. Roberto Gargarella, a quien respeto no solo por sus saberes, sino por su compromiso y valentía cotidiana en la defensa de sus principios. Pero en el artículo titulado "El acuerdo fundamental es la Constitución" (Clarín, 07-05-2026), desarrolla afirmaciones que merecen comentarios.
Tal vez su eje está sintetizado en la siguiente frase: "cualquier programa económico, o cualquier esquema de seguridad, o cualquier propuesta de reordenamiento moral, resulta válido sólo si, y en la medida en que se someta a las fuertes garantías y exigencias sociales y económicas que desde hace décadas ha establecido la Constitución". No cabe duda que nuestra Constitución representó un enorme avance en materia de "garantías y exigencias sociales y económicas"; que brindan un marco de acción muy ponderable.
Sin embargo, también es posible preguntarse si los modos de interpretación de esos derechos por parte de los actores políticos han contribuido siempre al logro de los objetivos esenciales que propone la Constitución; tanto en el funcionamiento de la economía cuanto en los referidos al bienestar de los más pobres y sus posibilidades de progreso hacia el logro de sus capacidades, como afirma el Premio Nobel Amartya Sen.
La experiencia de muchos años nos muestra cómo el populismo —aun con su proclamada defensa de los derechos sociales básicos— ha hecho poco para lograrlos, a pesar de la invocación central al rol del Estado; costumbre habitual en su discurso y práctica, pero sin un compromiso real en términos de calidad y efectividad, conceptos críticos para analizar el impacto del Estado en el logro de los derechos básicos de nuestra Constitución.
Lo notable es que hay numerosa literatura —y práctica— populistas que cuestionan la calidad de las políticas públicas ignorando y a veces negando que sean herramientas relevantes para el logro de objetivos de "justicia social", en una discusión cargada de intereses políticos.
Es posible que ese rechazo al valor de la calidad y la efectividad se deba a que son conceptos incompatibles con la politización de las prestaciones; vicio que incluye desde la selección partidaria de beneficiarios hasta el ocultamiento de los fracasos y cuyas víctimas son obviamente los pobres, como lo vimos en el escandaloso manejo político de los subsidios a la vivienda y casos similares, que son incumplimientos claros de derechos humanos básicos que violan el texto constitucional.
Otra dimensión relevante para asegurar el logro de los derechos es la eficiencia; palabra también cuestionada por el populismo. Pero dado que los recursos sociales son siempre limitados, el despilfarro debe entenderse como una infracción ética, ya que priva de atención a otras personas con necesidades legítimas.
Otra dimensión importante es la legitimidad social. Cuando el Estado promete soluciones que no se materializan, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, lo que representa un daño ético al tejido social y cuestiona el mismo valor de los derechos esenciales.
Lamentablemente, el campo de la educación es un espacio en nuestro país en el que los vicios asociados a la proclamación sesgada de derechos ha generado más daños. Es difícil encontrar declaraciones políticas que otorguen igual importancia —para el logro de los objetivos constitucionales— a los derechos sindicales con los de los alumnos. Y en el campo universitario, la referencia obsesiva a los sólidos derechos proclamados en la Constitución ha frenado cualquier referencia a vicios que no sean los conectados con la cuestión presupuestaria. En ambos casos, estos excesos generan daños irrecuperables, en especial para los más pobres.
Es posible también extender esta discusión al campo económico, que menciona el Dr. Gargarella; y pensar si cláusulas programáticas de la Constitución son objetivos a alcanzar y no derechos de cada persona. Para lograrlas es tan importante asignar recursos como ver qué se hace con ellos, teniendo en claro que ningún camino correcto pasa por generar inflación y pobreza gastando más de lo que se tiene.
No pretendo en modo alguno cuestionar el compromiso cotidiano del Dr. Gargarella con la importancia esencial de nuestra Constitución. Pero sí quiero remarcar que la trascendencia de estos análisis debería asociarse con la responsabilidad de los actores políticos por los métodos para lograr los derechos que dicen defender.
La ignorancia o menosprecio de estos procesos son las razones del fracaso que ha generado tanta pobreza, mientras los discursos exaltaban el compromiso con los derechos, olvidando que hay una obligación a cumplir cuando los instrumentos son públicos, porque no es más solo el "cuánto", sino también el "cómo" y el "para qué".
Y esta obligación de eficiencia puede —sin duda— ser parte del acuerdo político que propuso Luciano Laspina en su discurso en CIPPEC; sin agredir a la Constitución sino reforzando su espíritu.
Hay aún muchos dirigentes políticos que necesitan optimizar su trabajo en el campo social, y el Gobierno está desarrollando una tarea muy encomiable para universalizar las buenas técnicas de administración. Un acuerdo que marcase objetivos compartidos de fuerte contenido ético y operativo, sería un enorme aporte al objetivo constitucional de "promover el bienestar general".
