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Pantallas, escuelas y pobreza

Desde hace años muchos niños y jóvenes argentinos enfrentan serias dificultados para adquirir las herramientas necesarias que les permitan construir un proyecto de vida digna

Eduardo Amadeo — Economista, Presidente de la Asociación Civil Observatorio Social, Diputado Nacional (MC) — La Nación, 9/11/2026

A la preocupación por la pobreza, que en sus múltiples dimensiones afecta desde hace décadas a millones de argentinos, se sumaron recientemente los resultados de las pruebas PISA, que ponen de manifiesto las dificultades que desde hace años enfrentan niños y jóvenes para adquirir las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida digna. En este contexto, la escuela ha visto debilitada su capacidad para transmitir conocimientos, habilidades y valores fundamentales para el desarrollo personal, especialmente entre los sectores más pobres. Esto ha limitado, a su vez, su papel como institución capaz de reducir las desigualdades sociales.

Pero a estos factores “clásicos” se han agregado -con una velocidad sorprendente- otros relacionados con el uso problemático de tecnologías digitales, que han adquirido una creciente relevancia en las agendas públicas y motivado distintas iniciativas para abordar sus efectos en todo el mundo.

El efecto del uso excesivo de los celulares en el desarrollo de los jóvenes está comprobado: reduce la atención y concentración, afecta la comprensión lectora, compromete la salud mental, genera aislamiento y empeora el rendimiento escolar. El uso problemático de tecnologías digitales también limita aspectos esenciales del desarrollo infantil, tales como las experiencias de juego. En este sentido, en su libro La generación ansiosa, Jonathan Haidt sostiene que las nuevas infancias centradas en los dispositivos celulares en cierto modo han privado a los niños de su propia niñez.

Esto no es todo. La literatura científica muestra, además, la recurrencia del acoso y la intimidación en línea, la exposición a contenidos nocivos o inapropiados para la edad, la comparación social basada en la apariencia física en plataformas centradas en imágenes, así como la alteración del sueño provocada por el uso nocturno de los sistemas de notificaciones y la reproducción automática. Las cifras arrojadas por encuestas recientes de Unicef son impactantes: el 55% de los encuestados estuvo expuesto a mensajes discriminatorios o de discurso de odio (cifra que asciende al 61% en los niveles socioeconómicos más altos), el 47% accedió a imágenes o videos de contenido sexual (siendo 61% en el caso de los varones), el 31% vio formas de lastimarse o de herirse a sí mismo y el 27%, a personas que explicaban cómo quitarse la vida.

Los análisis transnacionales de PISA sugieren que reducir el uso de teléfonos inteligentes durante las clases se asocia con entornos de aula más centrados en el aprendizaje, lo que conlleva mayores niveles de atención entre los alumnos y menos interrupciones. No obstante, la forma en que se aplican estas medidas también resulta relevante. Factores como la claridad de las normas y su vinculación con un propósito educativo reconocible, la capacidad institucional para implementarlas, las características propias de la cultura escolar local y el respaldo de la comunidad influyen en la medida en que las restricciones logran modificar efectivamente las condiciones del aula, o si permanecen apenas como disposiciones meramente simbólicas.

Otro fenómeno digital que afecta la trayectoria formativa de los jóvenes es la ludopatía. En la Asociación Civil Observatorio Social realizamos, junto con la Fundacion Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina y el apoyo de CAF, un estudio acerca de la problemática en la ciudad de Concordia (Entre Ríos). Los resultados muestran que, en esta ciudad –una de las más pobres del país–, el 20% de los estudiantes de escuelas secundarias ha participado alguna vez en juegos de apuestas en línea. La prevalencia de estas prácticas es mayor entre los adolescentes de sectores socioeconómicos bajos, así como entre varones y estudiantes de mayor edad. Además, el 67,6% de quienes presentan indicadores de trastorno por juego no reconoce tener un problema, lo que dificulta la búsqueda de ayuda. Son cifras lo suficientemente altas como para confirmar que el fenómeno ya no es marginal ni circunscrito a ámbitos de adultos, sino que constituye una práctica arraigada entre los estudiantes de escuelas secundarias.

La extensión de esta problemática a escala mundial ha llevado a distintos gobiernos y organismos internacionales a impulsar iniciativas orientadas a limitar el uso problemático de tecnologías digitales entre niños y adolescentes, así como a prevenir la expansión de las apuestas en línea y la ludopatía. Un informe global de la Unesco detalla que más del 58% de los países del mundo ya restringen o prohíben por completo el uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas; en este contexto se han implementado, además, leyes específicas orientadas a reducir las distracciones en clase, evitar el ciberbullying en los recreos y fomentar la socialización presencial y el juego libre en entornos educativos.

La Unión Europea, por ejemplo, recientemente prohibió el uso de redes sociales a menores de 13 años, para evitar que los algoritmos atraigan a los niños hacia contenidos extremos. China, por su parte, es el país más restrictivo del mundo en cuanto a consumo digital: cuenta con normativas que imponen límites de tiempo diarios en pantalla (por ejemplo, un máximo de 2 horas para adolescentes) así como toques de queda nocturnos que bloquean por completo los videojuegos en línea, el streaming y las plataformas de video. En nuestro país, mientras tanto, el diseño y aplicación de estas restricciones está aún a consideración del Congreso.

Es importante recordar, además, que las prohibiciones por si solas no alcanzan, en tanto las empresas tecnológicas cuentan con numerosos recursos para eludirlas. Por ello, también es fundamental desarrollar estrategias más cercanas a las realidades de niños y adolescentes que incorporen la equidad y el acompañamiento a las familias como dimensiones centrales de la intervención, y que fortalezcan el papel de las escuelas y las comunidades.

Distintas investigaciones muestran que los niños y adolescentes de sectores socioeconómicos altos presentan, en general, mejores indicadores de bienestar emocional y cuentan con mayores oportunidades de acceso a actividades extracurriculares, como deportes, arte o idiomas, y a espacios recreativos. En los sectores de menores ingresos, en cambio, estas alternativas suelen ser más limitadas por razones económicas o por la falta de infraestructura adecuada. En estos contextos, el celular puede convertirse en una de las pocas opciones accesibles de entretenimiento. Los riesgos asociados al uso problemático de tecnologías digitales pueden, así, profundizar desigualdades preexistentes y añadir nuevas dificultades a quienes ya enfrentan múltiples situaciones de vulnerabilidad.

También es necesario considerar las condiciones de vida de las familias y, particularmente, de las madres. Según el Censo Nacional de 2022, alrededor del 15% de los hogares argentinos son monoparentales y, de ellos, el 80% está encabezado por mujeres. En estas condiciones, en las que las responsabilidades de cuidado y sostenimiento económico recaen sobre una sola persona, el tiempo y los recursos disponibles para acompañar la crianza de niños y adolescentes puede ser menor. Por ello, resulta especialmente importante fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento a madres y familias.

Derechos y resultados de las políticas públicas

Dado que los recursos sociales son siempre limitados, el despilfarro debe entenderse como una infracción ética, ya que priva de atención a otras personas con necesidades legítimas.

Eduardo Amadeo — Economista, Presidente de la Asociación Civil Observatorio Social, Diputado Nacional (MC) — Clarín, 18/05/2026
 
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Debo reconocer cuanto me cuesta opinar sobre un artículo del Dr. Roberto Gargarella, a quien respeto no solo por sus saberes, sino por su compromiso y valentía cotidiana en la defensa de sus principios. Pero en el artículo titulado "El acuerdo fundamental es la Constitución" (Clarín, 07-05-2026), desarrolla afirmaciones que merecen comentarios.
Tal vez su eje está sintetizado en la siguiente frase: "cualquier programa económico, o cualquier esquema de seguridad, o cualquier propuesta de reordenamiento moral, resulta válido sólo si, y en la medida en que se someta a las fuertes garantías y exigencias sociales y económicas que desde hace décadas ha establecido la Constitución". No cabe duda que nuestra Constitución representó un enorme avance en materia de "garantías y exigencias sociales y económicas"; que brindan un marco de acción muy ponderable.
 
Sin embargo, también es posible preguntarse si los modos de interpretación de esos derechos por parte de los actores políticos han contribuido siempre al logro de los objetivos esenciales que propone la Constitución; tanto en el funcionamiento de la economía cuanto en los referidos al bienestar de los más pobres y sus posibilidades de progreso hacia el logro de sus capacidades, como afirma el Premio Nobel Amartya Sen.
 
La experiencia de muchos años nos muestra cómo el populismo —aun con su proclamada defensa de los derechos sociales básicos— ha hecho poco para lograrlos, a pesar de la invocación central al rol del Estado; costumbre habitual en su discurso y práctica, pero sin un compromiso real en términos de calidad y efectividad, conceptos críticos para analizar el impacto del Estado en el logro de los derechos básicos de nuestra Constitución.
 
Lo notable es que hay numerosa literatura —y práctica— populistas que cuestionan la calidad de las políticas públicas ignorando y a veces negando que sean herramientas relevantes para el logro de objetivos de "justicia social", en una discusión cargada de intereses políticos.
 
Es posible que ese rechazo al valor de la calidad y la efectividad se deba a que son conceptos incompatibles con la politización de las prestaciones; vicio que incluye desde la selección partidaria de beneficiarios hasta el ocultamiento de los fracasos y cuyas víctimas son obviamente los pobres, como lo vimos en el escandaloso manejo político de los subsidios a la vivienda y casos similares, que son incumplimientos claros de derechos humanos básicos que violan el texto constitucional.
 
Otra dimensión relevante para asegurar el logro de los derechos es la eficiencia; palabra también cuestionada por el populismo. Pero dado que los recursos sociales son siempre limitados, el despilfarro debe entenderse como una infracción ética, ya que priva de atención a otras personas con necesidades legítimas.
 
Otra dimensión importante es la legitimidad social. Cuando el Estado promete soluciones que no se materializan, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, lo que representa un daño ético al tejido social y cuestiona el mismo valor de los derechos esenciales.
 
Lamentablemente, el campo de la educación es un espacio en nuestro país en el que los vicios asociados a la proclamación sesgada de derechos ha generado más daños. Es difícil encontrar declaraciones políticas que otorguen igual importancia —para el logro de los objetivos constitucionales— a los derechos sindicales con los de los alumnos. Y en el campo universitario, la referencia obsesiva a los sólidos derechos proclamados en la Constitución ha frenado cualquier referencia a vicios que no sean los conectados con la cuestión presupuestaria. En ambos casos, estos excesos generan daños irrecuperables, en especial para los más pobres.
 
Es posible también extender esta discusión al campo económico, que menciona el Dr. Gargarella; y pensar si cláusulas programáticas de la Constitución son objetivos a alcanzar y no derechos de cada persona. Para lograrlas es tan importante asignar recursos como ver qué se hace con ellos, teniendo en claro que ningún camino correcto pasa por generar inflación y pobreza gastando más de lo que se tiene.
 
No pretendo en modo alguno cuestionar el compromiso cotidiano del Dr. Gargarella con la importancia esencial de nuestra Constitución. Pero sí quiero remarcar que la trascendencia de estos análisis debería asociarse con la responsabilidad de los actores políticos por los métodos para lograr los derechos que dicen defender.
La ignorancia o menosprecio de estos procesos son las razones del fracaso que ha generado tanta pobreza, mientras los discursos exaltaban el compromiso con los derechos, olvidando que hay una obligación a cumplir cuando los instrumentos son públicos, porque no es más solo el "cuánto", sino también el "cómo" y el "para qué".
Y esta obligación de eficiencia puede —sin duda— ser parte del acuerdo político que propuso Luciano Laspina en su discurso en CIPPEC; sin agredir a la Constitución sino reforzando su espíritu.
 
Hay aún muchos dirigentes políticos que necesitan optimizar su trabajo en el campo social, y el Gobierno está desarrollando una tarea muy encomiable para universalizar las buenas técnicas de administración. Un acuerdo que marcase objetivos compartidos de fuerte contenido ético y operativo, sería un enorme aporte al objetivo constitucional de "promover el bienestar general".

Desigualdades estructurales: un diagnóstico del Observatorio de la Deuda Social Argentina

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) con base en la EDSA agenda para la equidad 2023 presenta una pirámide estructural de las 3 argentinas. Siguiendo la publicación de la ODSA encontramos una sociedad que se enfrenta a desigualdades estructurales que se reflejan en las oportunidades laborales, de movilidad social, inversión en capital humano y valores socioculturales. Si bien el equilibrio macroeconómico ofrece nuevas perspectivas, el desarrollo sostenible requiere políticas públicas enfocadas en educación, empleo e inclusión social.

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Publicación de ODSA

Adhesión al Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Por Fernando Mao, presidente de la RATT Internacional  

Nos unimos a la conmemoración de un hito histórico en la protección de los derechos humanos: el aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este instrumento internacional marcó un antes y un después, al reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con voz, necesidades y sueños que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar.

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La asombrosa plasticidad del cerebro

Hay una palabra en francés que a la doctora Ana Inés Ansaldo le gusta especialmente: apprendre. Le agrada por su naturaleza anfibia, que la hace partícipe a la vez de dos especies simbióticas en el ecosistema del conocimiento; porque, además del casi obvio significado de “aprender”, un matiz le atribuye también el sentido de “enseñar”. “Me encanta –ha dicho Ansaldo en entrevista académica-. Es la misma palabra para el alumno y el profesor; representa bien los intercambios que tengo con mis estudiantes, ese espíritu de cocreación. Incesantemente me impulsan a refinar mis pensamientos, y el resultado es mucho mejor”.

El currículum de la doctora Ana Inés Ansaldo traza el recorrido de una pasión. Argentina instalada en Canadá, dirige el Laboratorio de Plasticidad Cerebral, Comunicación y Envejecimiento del Centro de Investigación del Instituto Universitario de Geriatría de Montreal y es profesora titular de la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de esa misma ciudad. Munida de esos saberes y de una curiosidad insaciable, ha emprendido un viaje desafiante al interior del cerebro de las personas que padecen severas dificultades para comunicarse (fruto, principalmente, de su condición neurológica), con la misión de conocer, comprender y, en la medida de lo posible, ayudar.

Autora: Verónica Chiaravalli

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