Investigaciones

Desfinanciamiento en los programas sociales aumentan las carencias alimentarias
Eduardo Amadeo - Leonardo Di Pietro

Por razones varias, que van desde los problemas fiscales hasta la incompetencia administrativa y política para poner en marcha programas nuevos o administrar antiguos, se están desatendiendo las necesidades alimentarias básicas de la población de menores recursos, generando un creciente malestar social.

Un relevamiento por los gobiernos provinciales da cuenta que durante este año se han dejado de entregar 3.375.000 cajas de comida, lo que equivale a una reducción del 70% en la provisión alimentaria respecto al año pasado. Esto afecta a 450.000 personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que, hasta
diciembre de 1999 recibían, a través de los programas PRANI (para niños pobres de 3 a 5 años) y ASOMA (para ancianos sin cobertura social), cajas de comida en 10 entregas anuales, enviadas por la Secretaría de Desarrollo Social. El valor calórico promedio de cada caja alimentaria era de unas 40.000 calorías.

A la fecha el Ministerio de Desarrollo Social sólo hizo un cuarto de los envíos que deberían haberse realizado a esta altura del año

O sea unos 18.000 millones de calorías por entrega. A la fecha sólo se ha distribuido un promedio de 2 entregas y media en el conjunto de las provincias, cuando para esta misma fecha en los años anteriores ya se habían entregado casi 9 cajas.
La gestión encabezada por la Ministra Fernández Meijide decidió modificar el mecanismo de envío de ayudas alimentarias, por considerarlo ineficiente y con acusaciones de clientelismo.

Luego de varias alternativas informadas a través de los medios de comunicación -dinero en efectivo, un bono alimentario, etc.- se optó por "programas integrales", a través de los cuales se daría a más de 400.000 familias extremamente carenciadas, una prestación compuesta por alimentos, dinero en efectivo y capacitación, a cambio de asegurar que enviarían a sus hijos a la escuela y harían controles sanitarios periódicos.

Por diversos motivos, entre los que se destacan las discusiones internas acerca del mecanismo a utilizar, problemas en las negociaciones con las provincias y dificultades administrativas internas, a la fecha el Ministerio de Desarrollo Social sólo hizo un cuarto de los envíos que deberían haberse realizado a esta altura del año. Esta falta de alimentos afecta directamente a la población mas pobre del país, a la que se dirigían los Programas PRANI y ASOMA; y significa un total de 40.500 toneladas de comida y 99.000 millones de calorías quitadas de la dieta de esas poblaciones durante el año 2000.

La suma de estas carencias alimentarias explica una parte sustancial de los estallidos sociales que se registran en todo el país

Durante el período 1995 al 99, específicamente el programa PRANI, ahora discontinuado, distribuyó el equivalente anual de 42.120.572 raciones de comida por año para niños pobres de 3 a 5 años; y equipó 1362 comedores y centros de cuidado infantil.

El programa ASOMA, también discontinuado, atendía mensualmente a un promedio de 150.000 ancianos pobres, mayores de 60 años sin cobertura social, brindándoles cajas de comida y medicamentos. Asimismo, brindaba servicios de cuidadores domiciliarios y vestimenta y abrigo para ancianos en zonas frías.

El actual Ministerio de Desarrollo Social tampoco pudo implementar completamente, siempre a nivel de experiencia piloto, los programas integrales prometidos. Hasta la fecha y luego de meses de gestión, sólo pudo lanzarse uno en Rancul, Provincia de La Pampa, al que todavía falta incorporar el componente de ayuda económica y capacitación.

Pero en provincias de enormes necesidades sociales, los planes integrales representan un porcentaje ínfimo de la población; como es el caso de Misiones (300 familias) y Jujuy (700 familias). A este panorama hay que agregar la reducción del exitoso programa Pro Huerta, que ha sufrido un descenso en el número de huertas, la desmovilización de promotores voluntarios y la entrega de sólo 2/3 de las semillas previstas. Por estas razones, el número de beneficiarios de este programa, descenderá este año, de 2,6 millones de personas a 2,1 millones. Es decir, que 500.000 personas verán reducida su dieta por la imposibilidad de desarrollar huertas comunitarias o personales.

La suma de estas carencias alimentarias explica una parte sustancial de los estallidos sociales que se registran en todo el país, ya que a los problemas generados por la falta de trabajo, se agrega la drástica disminución en las prestaciones alimentarias a cargo del Estado, que sirven para mitigar parcialmente los efectos de la crisis.
Otros problemas del Ministerio también han determinado la pérdida de programas importantes, como se puede verificar en el proyecto de presupuesto nacional, entre ellos los que cuentan con financiamiento internacional. Así, una donación y créditos blandos de 27.000.000 de dólares del BID para menores en riesgo
(programa PROAME) quedará suspendida en su ejecución para el año próximo, por no haberse previsto la contrapartida. Situación similar atraviesa el Fondo Participativo y Social (FOPAR) que desarrolla pequeños proyectos de infraestructura y producción en las poblaciones mas pobres del interior del país.

La contención de los que menos tienen, es un deber ineludible de las áreas sociales.

Igualmente dramático es el caso del organismo denominado FONCAP (Fondo de Capital Social), cuyo objetivo es brindar fondos para microcréditos. A raíz de los problemas políticos generados en el Directorio entre los miembros nombrados por el Gobierno, el FONCAP mantiene un capital inmovilizado de 42 millones de pesos, de los cuales ha podido prestar un porcentaje mínimo. Por esta razón se han perdido gran cantidad de oportunidades para financiar solicitudes de microcréditos provenientes de las zonas mas pobres del país.

Finalmente, la Administración de la Ministra Meijide ha decidido eliminar la mayoría de los programas de organización social y apoyo a la sociedad civil por una decisión política, según la cual estos temas no resultan prioritarios en la actual coyuntura.
Estos problemas administrativos, técnicos y políticos aumentan la gravedad de la crisis social que está viviendo nuestra sociedad. La contención de los que menos tienen es un deber ineludible de las áreas sociales. Nunca se puede dejar de escuchar a la gente, de estar junto a ellos, de apoyarlos, de atenderlos. La gerencia social es algo más que presentaciones en el Salón Blanco, conferencias de prensa y xperiencias piloto en algún lugar del país.