Objetivo Objetivos del Milenio Pobreza y Derechos
Humanos
por Javier Surasky


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio adolecen del mismo defecto que llevó al fracaso a compromisos internacionales previos en materia de desarrollo: su carácter político, sin embargo existen algunas vías interesantes y aún no suficientemente exploradas que pueden servirles de sustento jurídico, con lo que se lograría apoyar esos ocho compromisos políticos -nueve en el caso de Argentina- en normativa jurídica internacional vinculante. En el presenta artículo buscamos asomarnos a algunas de las posibilidades que en este sentido nos ofrece pensar a los ODM desde una perspectiva basada en los derechos humanos tomando como eje de análisis el primero de ellos: la erradicación de la pobreza.


introducción

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adolecen del mismo defecto que llevó al fracaso a compromisos internacionales previos en materia de desarrollo: su carácter político.
La falta de obligatoriedad jurídica de los mismos resulta tanto de la naturaleza de su documento de origen -una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas- como de los términos utilizados en la misma.
Sin embargo existen algunas vías interesantes y aún no suficientemente exploradas que pueden servirles de sustento jurídico, con lo que se lograría apoyar esos ocho compromisos políticos -nueve en el caso de Argentina- en normativa jurídica internacional vinculante.

En lo que sigue del trabajo vamos a asomarnos a algunas de las posibilidades que en este sentido nos ofrece pensar a los ODM desde una perspectiva basada en los derechos humanos (DDHH) tomando como eje de análisis el primero de ellos: la erradicación de la pobreza.


La pobreza

El concepto de pobreza desde una óptica de DDHH excede a la mera insuficiencia de recursos o ingresos para proyectarse hacia diferentes ámbitos. Adoptamos aquí la definición dada en la Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, en donde se la entiende como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”.

Esta definición puede ser complementada por la que brinda Altimir (1979:25): “La pobreza […] es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de participación social, y quizás la adscripción a una escala particular de valores diferenciada en alguna manera de la del resto de la sociedad”.

En consecuencia, podemos afirmar que la pobreza atenta directamente contra la libertad de quienes están sometidos a ese flagelo sometiéndolos a un entramado de relaciones que los privan de bienes -materiales, simbólicos, espirituales y de trascendencia- necesarios para el desarrollo autónomo de su identidad, produciéndose en consecuencia el quebrantamiento de DDHH reconocidos en nuestra constitución nacional desde 1994 y la inobservancia de obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional (Gialdino, 2003).
Esto no significa desconocer el lugar que la carencia de recursos ocupa dentro del cuadro de constitución de situaciones de pobreza sino su consideración dentro de un grupo mayor de variables que interactúan con ella.

Llegado a este punto podría plantearse la objeción de que la pobreza así entendida no es una violación a los derechos en sí misma sino el resultado de la sumatoria de diferentes violaciones a DDHH establecidos: a una vida digna, a una vivienda digna, a la alimentación adecuada, a la participación social, igualdad ante la ley, a la libertad de expresión y el más amplio “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...” (Declaración Universal de Derechos Humanos).

Entendemos que no es así. La falta de reconocimiento normativo de la pobreza como violación de los DDHH no significa necesariamente que la misma no signifique en sí misma una violación de los derechos básicos.
¿Podemos acaso decir que la esclavitud no era violatoria de los DDHH hasta que no fue así reconocido por acuerdos internacionales? Que la sociedad internacional no haya podido hasta el momento expresar jurídicamente un acuerdo en este sentido no es constitutivo de una negación de la pobreza como violación de los derechos humanos, más bien es una asignatura pendiente para ésta (ver al respecto ONU, 2002).

En ese sentido se orientan las interpretaciones amplias que se han realizado del derecho a la vida tanto por el Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1) e incluso nuestra Corte Suprema de Justicia (2).
La pobreza coarta la libertad de elegir un proyecto de vida propio en condiciones de dignidad. Es pertinente recordar que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de “elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos a afirmado que “El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación” (Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones, párrafo 148).

La pobreza se erige en un obstáculo para la realización de todos los derechos, haciendo potencial la subjetividad jurídica de todos aquellos a los que alcanza y los DDHH surgen entonces como una herramienta jurídica: “Los derechos humanos pueden parecer ideales remotos si su familia está pasando hambre, o si no puede protegerse o proteger a sus familiares contra enfermedades fácilmente evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica. Sin embargo, es en circunstancias de crisis y extrema privación cuando los derechos humanos asumen su mayor importancia” (ONU, 2004:iii).


Conclusiones

La posibilidad de vincular a los ODM con los DDHH puede ser un paso en el intento de enfrentar su mayor defecto estructural: la falta de obligatoriedad jurídica de los compromisos asumidos.
Pudimos ver que, aun cuando la pobreza no tiene reconocimiento en sí misma como violación de los DDHH, existen posibilidades que ya están siendo utilizadas por doctrina y jurisprudencia para ubicarla dentro de ese marco normativo.
En lo breve del abordaje que aquí se ha realizado de este punto pudimos mostrar que, aun partiendo de esa condición, existen posibilidades de encontrar sustentos que otorguen crecientes niveles de obligatoriedad al compromiso de luchar contra la pobreza.

Este mismo desarrollo conceptual es aplicable a cada uno de los ODM.
Samir Amin (2005:259) afirma que “el capitalismo creó todos los medios que permitirían resolver los grandes problemas de todos los pueblos a escala mundial; pero, simultáneamente, la lógica que lo gobierna imposibilitó que ese potencial se utilizara de tal manera”. La vinculación entre ODM y derechos humanos marca una senda que permitiría desenmascarar dobles discursos y afianzar jurídicamente compromisos políticos en materias fundamentales.

“Asegurar que el discurso sobre los Objetivos se establezca dentro del contexto de los derechos humanos constituye la única forma de garantizar que estos se alcancen de manera más amplia y sostenible” (Shetty, 2005:8).


Bibliografía

• Altimir, O. (1979) La dimensión de la pobreza en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, Santiago de Chile.

• Amin, S. (2005) Más allá del capitalismo senil: Por un siglo XXI no norteamericano, Paidós, Buenos Aires-México-Barcelona.

• Gialdino, R. (2003) “La pobreza extrema como violación del derecho de toda persona a la vida y a no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros derechos humanos, en Jurisprudencia Argentina, 2 de febrero de 2003, Buenos Aires.

• ONU (2002) Pobreza y Derechos Humanos. Programa de trabajo del Grupo ad hoc para la realización del estudio tendiente a contribuir a las bases de una declaración internacional sobre los derechos humanos y la extrema pobreza (E/CN.4/Sub.2/2002/15), 25 de junio de 2002.

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003) Informe de Desarrollo Humano. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza, Mundiprensa, Madrid.

• ONU (2004) Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra.

• Shetty, S. (2005) “Declaración y Objetivos de Desarrollo del Milenio: Oportunidades para los derechos humanos” en Revista Sur, Año 2, nº 2. Versión digital en http://www.surjournal.org.


Notas

(1). Ver en particular los asuntos Loayza Tamayo, sentencia sobre Reparaciones (Sent. del 27-11-1998, Serie C N° 42, párr. 148, y Villagrán Morales, votos concurrentes de los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli.
(2).Suprema Corte de Justicia de la Nación, casos “Campodónico de Beviaqua c. Ministerio de Salud y Acción Social”, sentencia del 24 de octubre de 2000 y Monteserin c. Ministerio de Salud y Acción Social, sentencia del 16 de octubre de 2001.


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